En Resumen los ciudadanos, colectivos, comunidades campesinas e indígenas demandamos lo siguiente:
Demandamos a la Asamblea Nacional que otorgue amnistía a las y los defensores del agua y la vida que enfrentan procesos de judicialización y criminalización. Exigimos que se revise y reforme el Código Orgánico Integral Penal en lo correspondiente a los tipos penales que favorecen y permiten la criminalización de las y los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. Exigimos que se garantice su seguridad, el acceso a la justicia para su defensa y la protección del Estado frente a amenazas que puedan surgir, del mismo Estado o de particulares, en concordancia con el Acuerdo de Escazú. El presidente Guillemo Lasso se comprometió a proteger a las y los defensores de la naturaleza.
Exigimos a la función ejecutiva la suspensión inmediata de los proyectos mineros que están generando graves conflictos sociales, así como la reversión de las concesiones mineras ubicadas en territorios campesinos e indígenas, zonas de recarga hídrica y ecosistemas frágiles, en atención a: mandatos de orden jurídico, sucedidos en los últimos años (como el mandato constituyente No.6); informes de la Contraloría General del Estado sobre las ilegalidades e irregularidades de los megaproyectos en curso en el sur del país; las consultas populares de Girón y Cuenca; la sentencia judicial contra la Ecuagold Mining South America SA. en Río Blanco.
Exhortamos a la Asamblea Nacional a reformar la ley de recursos hídricos y la ley de minería, para proteger el derecho humano al agua y fijar fuertes restricciones a las actividades mineras, con la participación de pueblos, nacionalidades, comunidades, organizaciones sociales y GAD.
Exigimos al Ejecutivo programas y políticas de reparación del tejido social y comunitario, así como de derechos humanos, con énfasis en la situación de las mujeres, niñas/os y adolescentes víctimas de la violencia estatal ejercida para favorecer a empresas mineras.
Exigimos a la Corte Constitucional dar dictamen favorable a la petición de consulta popular sobre la prohibición de la explotación minera en el Distrito Metropolitano de Quito y que reconozca la retroactividad de los efectos de las consultas populares, que deberán prevalecer sobre derechos mineros otorgados a través de procedimientos administrativos previos que violaron los derechos básicos de los ecuatorianos y ecuatorianas. De la misma manera, exigimos, a la función ejecutiva que garantice las condiciones para la aplicación de las consultas de Cuenca y Girón; exhortamos a los ciudadanos y gobiernos autónomos descentralizados que promuevan la realización de nuevas consultas populares para que seamos los pueblos democráticamente los que decidamos nuestro futuro.
Exigimos que el Gobierno y sus Ministerios, los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales, en consonancia con la Constitución del Buen Vivir y los Derechos de la Naturaleza, generen normativa, políticas y programas dirigidos a la protección de las cuencas hidrológicas; el reconocimiento de los derechos de los ríos; el apoyo a las comunidades con alternativas productivas sustentables, así como una protección especial a las comunidades de altura que cuidan nuestros páramos.
Además, como cantón Sígsig – provincia del Azuay exigimos al ejecutivo, legislativo, ministerios que corresponda y GAD, que en el uso de sus facultades revisen el cumplimiento de la documentación habilitante, de las concesiones de minería metálica artesanal. En Sígsig una vez que hemos constatado in situ y con las autoridades locales que dichos permisos carecen de fundamentos técnicos y legales que atentan contra el principio del Buen Vivir de las comunidades y comunas. Tal es el caso de la Comuna de Indígenas San Sebastián de Sígsig, colectivos y organizaciones sociales han gestionado operativos de control con las instituciones pertinentes, mismas que evidencian que los campamentos y trabajo de explotación del material aurífero se encuentran fuera de las coordenadas asignadas. Además, que no se cumple con los planes de manejo ambiental concluyendo únicamente con un informe sin mayor efecto. En este sentido exigimos que los operativos sean oportunos, eficientes y concluyan en sanciones administrativas y revocación de los permisos.
Solicitamos a los diferentes niveles de gobierno, de cara a la pandemia, gestionar la salud colectiva desde una mirada holística, entendiendo a los ecosistemas en su integralidad, comprendiendo que la enfermedad y muerte están asociadas al mal desarrollo y a la noción de crecimiento económico ilimitado. Es importante que los sistemas sanitarios actúen sobre la base de las determinaciones sociales, económicas, ambientales, culturales y políticas; garantizar la salud como un derecho humano esencial significa proveer de condiciones adecuadas de vida, libres de contaminación y de todas las formas de violencia, garantizar empleo, alimentación, recreación, educación, seguridad social, acceso a servicios básicos y sanitarios de calidad, públicos y gratuitos.
Las organizaciones en el sur del país, YA DECIDIMOS no dar paso a empresas mineras en nuestro territorio. Nos declaramos en resistencia por la protección de los bienes comunes de todos y todas, la semilla, la memoria y la soberanía alimentaria. Invitamos a todos y todas a ser parte de este proceso.
