REPRESIÓN EN ZONAS DE PAZ, DETENCIONES
IRREGULARES Y FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA
9 de octubre de 2019
Las organizaciones de
derechos humanos, a partir del acompañamiento jurídico
y social que venimos
realizando, denunciamos graves violaciones
de derechos humanos que vienen sucediendo durante estas jornadas
de Paro Nacional en la ciudad de Quito, en especial, a partir de la emisión
del Decreto Ejecutivo
No. 884 con el que se impuso
un estado de excepción hace una semana
y con la profundización de esta situación a través del Decreto Ejecutivo
No. 888, emitido
el día de ayer, que impuso
el toque de queda en la noche. En ese contexto denunciamos los siguientes
hechos:
1. Gracias al trabajo coordinado de las organizaciones de derechos humanos
y otros actores presentes, las
72 personas detenidas ayer de manera ilegal, ilegítima y arbitraria finalmente tuvieron la audiencia
de calificación de flagrancia
en la Unidad Judicial de Carcelén y no en el cuartel policial del GIR como se
pretendió al inicio. Sin embargo, en dicho
lugar, una vez más se negaron a recibir la acción de hábeas corpus que se intentó
presentar el día de ayer. Además denunciamos que, como resultado, no se probó la flagrancia en la detención, todos
fueron liberados sin cargos, pero se dispuso el inicio de una investigación
penal sin fundamento.
2. Denunciamos también
que, durante todo el día, nos han impedido acceder
a la Unidad Judicial
de Flagrancia ubicada
en la Avenida Patria y 9 de Octubre, la cual está cercada por la Policía
Nacional, obstaculizando nuestro trabajo de registro de detenidos,
representación judicial e información social sobre la situación de quienes son
privados de la libertad durante el Paro Nacional.
3. Según nuestro último reporte,
60 personas se encuentran detenidas
en la Unidad de Flagrancia después
de las acciones de represión
en el centro histórico, los alrededores
de la Asamblea Nacional, el parque del Arbolito y las Universidades
Católica y Salesiana. A esto se suman reportes
de posibles detenidos
que no habrían sido trasladados a esa Unidad,
alegando razones de “seguridad”. Esto en
el contexto de, según el reporte de CONAIE y CONFENIAE, la detención de al
menos 500 detenidos a nivel nacional.
4. Según el reporte
de la Unidad de Flagrancia de Quitumbe, al sur de Quito, se detuvieron a 22 personas
en el marco del Paro. En esta institución
se nos permitió entrar a ver
el estado de
los detenidos por
lo que pudimos
constatar varios aspectos: 1) Señales claras de uso desproporcional de la
fuerza: roturas en cabeza y nariz, escoriaciones y moretones causados por patadas, puñetes y golpes con
toletes, entre otros; tanto en la detención
como en el traslado en patrulleros y motorizados. 2) Aprehensiones a
menores de edad, los cuales fueron sometidos a los mismos tratos. 3)
Traslados a cuarteles policiales que no son lugares legales de detención como la Mena 2. Además, en estos lugares,
el lanzamiento de gas en espacios cerrados con todos
los detenidos ya esposados. 4) Pruebas forjadas por parte de agentes públicos
para incriminar a los detenidos
así como chantaje en términos económicos de los mismos para permitirles
la libertad.
5. El reportero audiovisual
Juan
Carlos
González
fue
impactado
por
una bomba lacrimógena en su rostro mientras cubría la protestas del Paro Nacional en
Quito. Fue trasladado al Pabellón de las Artes de la Casa
de la Cultura Ecuatoriana, pero no pudieron atenderlo
porque la Policía Nacional
continuaba lanzando gas lacrimógeno sin importar
las personas heridas.
Ahora permanece estable
y está siendo atendido en
el
Hospital Carlos
Andrade
Marín
en
Quito.
Según Fundamedios se han registrado 74
periodistas, víctimas de agresión cuando realizaban la cobertura del paro
nacional. Denotamos la falta de garantías por parte del gobierno para
garantizar el trabajo de periodistas durante las protestas.
6. Finalmente,
denunciamos que, por segunda día consecutivo, al caer la tarde y a
pocas horas del inicio del toque
de queda, la fuerza pública realizó un operativo violento y desmedido de dispersión de los manifestantes que se encontraban en
el Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura, en casi su totalidad población
indígena de todo el país y cientos de personas de la ciudad que brindan
apoyo de todo tipo
en este lugar. El Parque del Arbolito y la Casa de la Cultura
constituyen la primera “Zona Humanitaria de Paz” con puestos y brigadas
médicas, cocinas y comedores comunitarios, espacios de cuidado
de niños y niñas, centros de acopio, sitios de descanso y albergue nocturno
para las personas.
7. Este operativo, que incluyó el uso desmedido
de gases lacrimógenos, motos y vehículos policiales, intimidaciones e intentos
de arrollamientos, se extendió hacia la
zona de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador,
Universidad Politécnica Salesiana, la parte posterior de la Escuela Politécnica Nacional y de la
Iglesia del Girón, todas estas “Zonas Humanitarias de Paz” gestionadas principalmente por estudiantes
y las propias personas
albergadas. Este hecho constituye un gravísimo atentado contra la población
civil organizada.
En base a todos estos
hechos, nosotras, organizaciones de Derechos Humanos manifestamos que estos hechos no son aislados sino que suceden en el marco del Estado de Excepción dispuesto, el operativo desplegado por la Policía
Nacional y las Fuerzas Armadas y la coordinación con el Consejo
Nacional de la Judicatura y la Fiscalía General
del Estado lo cual aumenta
y agrava el impacto de las
violaciones a derechos humanos que estamos registrando.
En consecuencia, exigimos:
Al Consejo Nacional de la Judicatura, a la Fiscalía General del
Estado y a la Defensoría Pública a que, en el marco de sus competencias, garanticen
que los procesos por privaciones de libertad se lleven estrictamente ante las Unidades Judiciales de Flagrancia de la ciudad,
las cuales deberían
ser de libre acceso para abogadas y abogados así como familiares de las personas detenidas, se garantice su
integridad persona, física y psicológica así como su derecho a la defensa y el
debido proceso.
A la Ministra de Gobierno,
María Paula Romo, y al Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín Román, que cesen los
operativos desmedidos y el abuso de la fuerza pública que están realizando, pues están poniendo
en grave riesgo a la sociedad civil. Rechazamos los pedidos de disculpas que se realizan
frente a la constatación de graves violaciones a
derechos humanos
y
exigimos
que
se
den
cifras
oficiales
de
personas heridas, fallecidas y privadas de libertad a
nivel nacional y por provincias.
Exigimos a la Policía Nacional
y al Ejército Ecuatoriano que se abstengan de atentar contra las “Zonas Humanitarias de Paz” y de ingresar
a recintos de educación superior, en respeto de su autonomía
universitaria y para garantizar los derechos de las
niñas y niños, adolescentes, hombres
y mujeres, adultos
mayores que se albergan
en esos lugares y de todos los servicios humanitarios que prestan.
Al Presidente de la República, Lenín Moreno
Garcés, que el diálogo, para que exista, requiere del respeto del conjunto de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución y no puede tratar de
imponerse a través de formas de represión y criminalización y el abuso de la fuerza pública contra quienes se han organizado
frente las medidas económicas adoptadas.
A los organismos internacionales de protección de derechos humanos, para que dentro de sus facultades adviertan
y conminen al Estado ecuatoriano sobre las vulneraciones a los derechos humanos de las y los manifestantes, del movimiento
indígena ecuatoriano, de las y los estudiantes,
trabajadores, campesinos, hombres y mujeres en ejercicio de sus derechos a la
asociación, la libre expresión y la resistencia.
Finalmente, solicitamos el respaldo y la protección necesarios para las y los defensores
de derechos humanos en su labor durante el Paro Nacional: cuidadoras y
cuidadores; estudiantes de enfermería y medicina; cocineras y
cocineros; voluntarios en las zonas humanitarias de paz, fotógrafos,
camarógrafos, periodistas, abogadas y abogados.
¡Verdad,
justicia y reparación!
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